NO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DE LA IZQUIERDA
Bajo la acusación de actividades “subversivas” y de haber sido pedidos por autoridades peruanas por supuestos “delitos de terrorismo”, tres de los cuatro peruanos detenidos, en forma sumaria fueron expulsados del país, mientras al cuarto, refugiado político, se le quitó tal condición y tiene plazo de 90 días para saliir a otro país. Según sus propias versiones, las autoridades sólo han podido mostrar, mediante arbitrario allanamiento domiciliario, libros de marxismo y materiales de propaganda política, cuyo contenido denuncia el gasolinazo y critica la política antipopular del Gobierno. Es decir, se trata de posiciones políticas críticas al Gobierno, desde una posición de izquierda. Muchas de las cuales, empezando por el gasolinazo, fueron rechazadas por las masas trabajadoras del país, lo que le obligó a dar marcha atrás en ese tema.
Cabe indicar que el refugio fue concedido bajo gobiernos de derecha ante la persecución de la dictadura de Fujimori, mientras que paradójicamente, la expulsión se perpetra bajo el régimen de un supuesto “Gobierno obrero y campesino”. Era de suponer que un país donde se dice que se vive una “revolución democrática y cultural” de los pobres, podía ser refugio de luchadores sociales y políticos contra persecuciones de dictaduras derechistas, pero lamentablemente la realidad lo desmiente.
Al parecer el Gobierno ha iniciado la represión y persecusción a quienes desde posiciones revolucionarias de izquierda, denuncian y discrepan con su accionar político. Hoy es contra peruanos y no será de extrañar que en adelante lo haga contra los mismos bolivianos. El ensañamiento contra los extranjeros que discrepan no sólo es muestra de intolerancia, sino de falsedad e hipocresía cuando reivindica la “patria grande” mientras expulsa y reprime a compatriotas por el derecho a discrepar y profesar el marxismo. Una posición afín a la derecha más cavernaria y no a alguien que se reputa popular y democrático.
Esta conducta del Gobierno se encuadra en su giro cada vez más a la derecha desde su capitulación a la oligarquía agroterrateniente, expresada en la nueva Constitución Política del Estado, mediante la cual se garantiza las grandes propiedades de la misma, al mismo tiempo que mantiene a las transnacionales del gas y el petróleo como socias que siguen ejerciendo control de estos recursos. Política cuyo reverso es el enfrentamiento a sectores indígenas, populares y a la clase obrera, puesta de manifiesto en su negativa a resolver las demandas de los indígenas del CIDOB, la represión a Caranavi, Potosí, el rechazo a las demandas salariales de la clase obrera y la actual tentativa de avasallar a los indígenas del TIPNIS.
Hemos entrado en una fase en la que el Gobierno no sólo reprime a los trabajadores y el pueblo, sino también como no podía ser de otra manera, a los opositores de izquierda. Denunciamos ante la clase trabajadora nacional e internacional esta nefasta política. Llamamos a todas las organizaciones democráticas y de izquierda a cerrar filas contra estos atropellos; a las organizaciones obreras y populares, a la COB a pronunciarse sobre estos hechos e incorporar en su plataforma de lucha la defensa de los más elementales derechos democráticos como el derecho a la crítica y la disidencia políticas. Todo esto como parte de la lucha por la victoria de las reivindicaciones laborales y sociales negadas.