EL COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL FMI AGUDIZA LA EXPLOTACIÓN ILEGAL DE RECURSOS EN LA AMAZONIA, ESTÁ DEVASTANDO NUESTRAS ÁREAS PROTEGIDAS Y AMENAZA DE MUERTE A NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS
20 de noviembre de 2023
Durante el periodo de gobierno masista, del 2006 a la fecha (Evo – Arce) vivimos la agudización del saqueo a nuestras áreas protegidas y territorios indígenas originarios. Hecho que responde a la ampliación de la frontera agrícola, a la exploración de petróleo en áreas protegidas y a la explotación minera, centralmente de oro. Tres aspectos que benefician a empresas privadas en detrimento del pueblo boliviano, amenazando de muerte a las poblaciones indígenas y la biodiversidad de nuestro país. Este saqueo indiscriminado, con la deforestación y quema de bosques han alterado los ecosistemas y están agudizando el periodo de sequía en la región.
Esta política lejos de ser parte de un modelo económico socialista, es capitalismo puro y sanguinario. Tan es así que fue recomendada por el propio FMI, del cual es dependiente la economía boliviana. El propio gobierno de Arce, este año, tuvo que echar mano de por lo menos 300 millones de dólares de las DEG del FMI ante la caída de reservas y la falta de divisas en el país, el cual atraviesa una profunda crisis económica.
Una evaluación del FMI a Bolivia efectuada en septiembre de 2022, establece, entre otras acciones, que el gobierno debe promover la explotación de minerales, en especial el oro y litio, junto a la exploración de hidrocarburos, modificando la normativa interna para ofertar mejores condiciones a sectores privados que además tengan impacto en la producción agrícola.
En esta línea es que el gobierno de Arce es el responsable de la devastación de áreas protegidas, y deja pasar los incendios provocados. Durante estos cuatro meses de incendio criminal, se ha negado a aplicar una política de emergencia de mitigación del fuego, afectando la conservación de TCOs y áreas protegidas. Estos incendios forestales han arrasado con casi tres millones de hectáreas de bosque, donde se calcula que han muerto al menos 20 millones de animales. El fuego está devastando cinco parques nacionales y dejando sin territorio a por lo menos 17 comunidades indígenas. Los departamentos directamente afectados son Santa Cruz, Beni y el Norte de La Paz, donde el fuego descontrolado ha arrasado plantaciones de cacao, café, copoazú, yuca, entre muchos otros.
EL DESCONTROL DEL FUEGO PROVOCADO
La CONTIOCAP reporta que la Reserva de Biósfera Pilón Lajas, la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, el TIPNIS, el Parque Noel Kempff Mercado, el Madidi, entre otras áreas protegidas, están invadidas por el fuego, que hasta la fecha la situación es dramática en los municipios del norte de La Paz, donde la gobernación servil al MAS poco o nada hace para auxiliar a los afectados de Ixiamas, Macahua, Enapurera, donde, desde hace más de dos semanas, los habitantes intentan apagar el fuego mientras su autoridad municipal ligada al MAS ha ignorado la situación. En el municipio de San Buenaventura, donde San José de Uchupiamonas, Tumupasa, San Isidro, Bella Altura, Eyiyoquibo (Esse Ejja), Buena Vista, Tres Hermanos, Altamarani, San Miguel del Bala siguen ardiendo en llamas.
En el departamento de Beni, el municipio de Rurrenabaque y sus comunidades campesinas como Cebú, y comunidades indígenas, Carmen Florida, Real Beni, Asunción del Quiquibey, el fuego ha llegado a emprendimientos turísticos de conservación animal y TCOs.
El incendio provocado se ha expandido tanto que ha afectado a la Empresa Estatal Azucarera San Buenaventura (Easba), que a pesar de contar con las herramientas y personal necesarios para mitigar el fuego, no lo ha conseguido, y se ha producido una pérdida de 360 millones de dólares. La CONTIOCAP, a tiempo de denunciar que esta empresa se ha negado a auxiliar a los comunarios de la zona, exige al gobierno la inmediata declaración de desastre nacional.
El 18 de noviembre los incendios se agudizaron al punto de que la contaminación por humo nubló mucho más que antes a las ciudades de Santa Cruz, La Paz y otros departamentos. Cuando se recuerda el 181 aniversario de Beni, mientras este departamento declaraba desastre departamental ante los voraces incendios que arrasan su territorio, Arce dio un discurso de saqueo dirigido a los terratenientes oligarcas y no a la población que sufre las inclemencias del fuego y la sequía, pues, señaló su intención de explotar las importantes reservas mineralógicas, asi como fomentar el agro en la zona. Mientras anunciaba una inversión superior a los 630 millones de dólares, no dijo una sola palabra sobre los incendios y el aporte del Estado para mitigarlos.
Pese a la evidencia de la devastación por el incendio criminal, el Gobierno, en reiteradas declaraciones ha minimizado esta crisis insistiendo con el discurso de que la situación está controlada. Mientras tanto el número de sectores en llamas crece.
La casi nula presencia del gobierno en la mitigación del fuego, ha provocado la organización de los comunarios que, junto a bomberos voluntarios, se han enfrentado a las llamas y en esa tarea han descubierto artefactos incendiarios como botellas con gasolina y llantas quemadas, prueba de que, en su mayoría, los incendios han sido provocados. Mientras la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) asegura que no es época de chaqueo y no tiene (o no quiere) dar una respuesta clara de quienes son los responsables de esta devastación.
El ministerio de defensa, lejos de apagar las llamas ha detenido alrededor de 50 personas acusándolas de provocar el fuego, sin embargo, comunarios han declarado que se trata de gente inocente que han sido arrestadas sin pruebas, que son chivos expiatorios para no dar con los verdaderos responsables.
LA INVASIÓN A ÁREAS PROTEGIDAS CON EVO Y ARCE
El propio Evo Morales en 2015, como parte de los acuerdos de la cumbre “Sembrando por Bolivia” y el V Congreso Internacional del Gas y Petróleo expresaba su plan de exploración petrolera en siete áreas protegidas, en esa línea impuso la construcción de la carretera por el TIPNIS donde organizaciones como la CIDOB se opusieron y generaron grandes movilizaciones que llegaron a sumar apoyo de las ciudades. Con esta lucha se frenó momentáneamente la construcción de la carretera, pero prácticamente les costó la destrucción de su confederación, porque con los años, el MAS se infiltró en sus filas desmembrando su organización.
Con esta misma política de saqueo, Arce se ha hecho de la vista gorda ante la explotación de oro por empresas privadas travestidas en cooperativas mineras, quienes se encuentran operando en áreas protegidas como el Madidi, contaminando los ríos y afectando a comunidades indígenas que viven de la pesca. Cooperativas que en recientes movilizaciones han solicitado la legalización de estas operaciones en áreas protegidas y con las cuales el gobierno ha llevado conversaciones que mantiene en secreto. Producto de ello, la CONTIOCAP ha exigido hacer públicos los acuerdos con estos sectores que atentan contra las TCOs.
LUCHAR CONTRA EL PLAN DEL GOBIERNO Y EL FMI; ¡DECLARACIÓN DE DESASTRE NACIONAL YA!
Solo en el marco del acuerdo tácito entre el Gobierno y el FMI, se entiende su inacción ante la devastadora quema descontrolada de nuestras áreas protegidas, nuestros pueblos indígenas y áreas rurales. El Gobierno debe permitir la ampliación de la frontera agrícola, la explotación de minerales, la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas, si quiere cumplir con los requerimientos del FMI al que responde.
Por eso promueve y mantiene las leyes incendiarias, por eso mantiene acuerdos secretos con supuestas cooperativas. No le interesa el territorio indígena, áreas rurales aledañas de pequeños campesinos, las áreas protegidas ni mucho menos la biodiversidad de áreas de la Amazonía, Chiquitanía, del Pantanal ni de ninguna en general, solo quiere cumplir con los requerimientos del FMI como buen lacayo proimperialista.
No existe ninguna soberanía alimentaria ya que los transgénicos han ingresado al país por ejemplo en la producción de soya, por ello el sector de la agro industria cada vez requiere de nuevos territorios donde sembrar pues tras el uso de transgénicos la tierra queda agotada e inservible, y los empresarios privados lejos de promover el cuidado del suelo solo se dedican al saqueo de recursos. Lo propio ocurre con el sector ganadero que lejos de garantizar el consumo de carne en la población nacional solo velan por sus intereses de exportación y el engorde oligarca, pues en el país los niveles de inflación han encarecido tanto el producto que los trabajadores y pueblo empobrecido cada vez tienen menos acceso a este alimento.
Por eso, recién, tras cuatro meses de incendios, tras casi 3 millones de hectáreas quemadas, luego alrededor de 20 millones de animales muertos y comunidades en pérdida de su territorio y producción y ante la presión del pueblo boliviano y del escándalo mediático internacional por las denuncias de la pérdida de la Amazonía en redes sociales, el gobierno, este 20 de noviembre pide ayuda internacional para “la oportuna atención a los sectores afectados”. “Oportuna” atención tras cuatro meses de devastación.
Es así que este gobierno demuestra que está al servicio de la Oligarquía agroindustrial del país, de las empresas privadas mineras, que saquean nuestros recursos, en pro de la defensa de los intereses proimperialistas y en desmedro del pueblo boliviano y su biodiversidad. De socialista solo tiene el nombre, su política económica es meramente capitalista y de saqueo, responde a intereses privados, oligarcas y proimperialistas. No va proteger a las comunidades indígenas ni mucho menos a la biodiversidad que las rodea. Solo va cumplir con los requerimientos del FMI para aplicar el ajuste económico que permita al sector privado sostener e incrementar sus ganancias.
Por ello la salida ante esta devastadora situación es que trabajadores, campesinos, indígenas y estudiantes luchemos juntos en defensa de nuestros recursos, de nuestras áreas protegidas, de nuestras TCOs. Por la declaración inmediata de desastre nacional, para poder contar con los recursos que logren mitigar los incendios, para reconstruir nuestras áreas protegidas y expulsar a los saqueadores.
Con ese mismo objetivo es urgente recuperar la dirección de la COB para lograr centralizar las luchas y erradicar la política de saqueo de este gobierno mentiroso. Apuntando a la verdadera nacionalización de los recursos, por la eliminación de las supuestas cooperativas que no hacen más que beneficiar a empresas privadas extranjeras del gran capital que destruyen nuestro territorio.
