¡NO A LA PENALIZACIÓN DE LAS LUCHAS!
Las arbitrarias medidas tomadas por las autoridades de derecha (España-Rescala) contra las demandas y luchas llevadas a cabo en Comunicación Social, expresadas en la declaratoria de antiautonomistas a docentes y estudiantes, fueron ya rechazadas y en realidad derrotadas En el plano legal un Amparo Constitucional anuló esa declaratoria por carecer de legalidad procedimental. En el ámbito de la opinión de la mayoría estudiantil y docente de base, el rechazo a la derecha por esas y otras conductas, ha sido categórico, como lo demostró la derrota de esas autoridades en las elecciones a la decanatura y la dirección de Comunicación Social, donde Gabriela Sotomayor, docente declarada antiautonimista, gana las elecciones y vuelve a ser directora. Igual sentir y parecer mostraron los pronunciamientos en rechazo a esa arbitrariedad de las principales organizaciones obreras y populares del país empezando por la COB, así como de importantes organizaciones estudiantiles y populares internacionales.
Con ello no sólo se evidenció el abuso de poder por parte de dichas autoridades, sino también la legitimidad de las demandas como la expulsión de docentes truchos nombrados en actos de corrupción y la exigencia de cursos de verano gratuitos. Así mismo, tales manifestaciones de rechazo justifican las luchas a las que nos vimos obligados a recurrir estudiantes y docentes, ante la terca y sistemática negativa de las autoridades, luchas que constituyen la cuestión de fondo del tema.
Por si no bastara: Que las luchas, las movilizaciones, se justifican ante negativas a demandas justas, lo comprobó el hecho de que esas mismas autoridades llamaran a marchas e incluso a bloqueos, ante la negativa del Gobierno a resolver el respeto al Seguro Universitario. Con su propio criterio habría que sancionarlas por haber procedido así. Sin embargo. sería un contrasentido, porque aunque su pretendida defensa de la autonomía universitaria, encubre graves violaciones a la misma, cometidas por ellas y, como ejemplo, la presencia policial en el claustro universitario, era un reclamo justo y una justa lucha en las calles.
Como se ve, las luchas son necesarias y obligatorias ante autoridades que niegan y cercenan derechos. Castigar a quienes osan levantarse ante semejantes atropellos es propio de dictaduras, significa penalizar las luchas, procedimiento incompatible en la universidad donde debe prevalecer el respeto por los derechos democráticos de estudiantes, docentes y trabajadores. El HCU aprobó el 2007 la resolución maldita 204 por la cual se instituye dicha penalización, la misma que debe ser derogada o anulada.
Por consiguiente, las sanciones aplicadas por el derecho a movilizarse en la universidad, las mismas que, como queda dicho. ya han sido condenadas tanto legal como políticamente, no pueden seguir blandiéndose, menos aún por autoridades que han sido cuestionadas política y moralmente. Se impone entonces dejar sin efecto los injustos procesos contra estudiantes y docentes de Comunicación Social y Trabajo Social. De proseguir en ese despropósito, dará motivo para nuevas movilizaciones por una nueva demanda justa.