El gobierno se lavó las manos y manipula la justicia
El 24 de mayo se cumple un año del asesinato de Jonathan Quispe Vila, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Pública de El Alto; el impacto de una canica disparada por un subteniente de la Policía le perforó el pecho quitándole la vida.
Jonathan fue víctima de la represión gubernamental que se ejerce contra la protesta social. ¡Fue asesinado por exigir mayor presupuesto para educación! No fue una cosa banal, o un accidente, él estaba luchando. La policía le disparó por su lucha, para infundir confusión y miedo en la población y así evitar un mayor levantamiento por el derecho a la educación pública de calidad.
Horas después de su asesinato, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó descaradamente y con toda seguridad que fueron los mismos compañeros de Jonathan los que le dispararon en el pecho usando un cartucho de petardos. Una estrategia comunicacional conocida de los gobiernos genocidas, culpar a los mismos manifestantes del deceso de los luchadores sociales.
Cuatro días después, el 28 de mayo de 2018, se vino abajo la campaña de mentiras del MAS. La UPEA presentó las pruebas del fatídico desenlace, los documentos claramente señalan que el disparo provino de la policía y no fue de un petardo de cartón, sino de una escopeta. El oficialismo quedó desenmascarado.
La policía no se mueve sola, acata órdenes del gobierno de Evo Morales, pero, nuevamente la población volvió a ser presa de las mentiras del MAS. “Se rompió la cadena de mando”, pretexto favorito de los mandatarios culpables. ¿Quién dio la orden? Según el gobierno, nadie. Se lavó las manos. Carlos Romero se limitó a presentar al Subteniente Casanova como el autor material del asesinato, quien supuestamente no tenía nada que ver con el gobierno.
Ha pasado un año y no se logra justicia. Se sabe que los jueces y fiscales son títeres del MAS. Por eso, no se le ha iniciado ningún proceso al descarado de Romero ni al gobierno, y, por si fuera poco, el Subteniente Casanova ha recibido el beneficio de ser juzgado por los títeres de Evo, quienes le dieron apenas cinco años de prisión, cuando la ley establece 30 años para asesinos en primer grado, esto, considerando que las pruebas contra él son contundentes. No existe hasta la fecha una verdadera justicia para el compañero Jonathan.
Por estos motivos, la indignación continúa. El oficialismo se juega al desgaste de los que buscan justicia y aplaude la indiferencia de las autoridades universitarias, rectores, decanos, directores y algunos estudiantes. Pero, la muerte de un joven luchador no debe ser en vano. Por ello, llamamos a la población trabajadora y a los estudiantes a reavivar la lucha por justicia para Jonathan y continuar la tarea pendiente que dejó, movilizarnos por mayor presupuesto para elevar la calidad de la educación pública y ponerla al servicio del pueblo trabajador.