Con hechos de corrupción en la adquisición de equipos sanitarios, falta de personal médico, escasez de medicamentos, funerarias y cementerios rebasados, el Gobierno se vuelve a lavar las manos, aprueba la aplicación de “la fase de post confinamiento” y pretende hacer creer que la pandemia ha sido superada.
Esta acción no cuenta con ningún sustento científico, se aplica por la incapacidad del Gobierno de garantizar salud y estabilidad laboral a los trabajadores, por eso aplica su política del sálvese quien pueda. Incluso los datos del CEDES demuestran que la pandemia está lejos se ser controlada.
El propio Dr. Virgilio Prieto Jefe Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, el 24 de agosto señalaba que la letalidad en el país ascendía al 4%. Sin embargo, las cifras emanadas por el CEDES señalaban que la relación entre fallecidos y contagiados es de más del 50%, por ejemplo, los datos oficiales, del 2 de septiembre en La Paz establecían 85 nuevos casos y 55 fallecidos, prácticamente un 66% de letalidad. Sin embargo, si tomamos en cuenta el 4% que sostiene el Dr. Prieto el número de infectados en la sede de Gobierno ascendería a 1375, lo que indica que existirían 1290 sin ser registrados oficialmente en la fecha indicada.
El mismo cuadro se evidenció con los datos de decesos en Santa Cruz; el 5 de septiembre la cifra subió abruptamente de 1934 a 3527. Datos hasta ahora inexplicables para el Ministerio de Salud.
Esta situación supone dos probabilidades, la primera, que la taza de letalidad del COVID-19 en el país asciende a más del 50%, un dato por demás exorbitante y prácticamente de record mundial; la segunda que el gobierno no está registrando las cifras reales del número de infectados por COVID-19. Esta última opción es la más probable ya que se sabe que por ejemplo los datos de las pruebas rápidas, emanados del sector privado, no forman parte del registro oficial del Gobierno.
Fuera cual fuera la situación está claro que el país no está en la meseta de descenso de los casos, al 11 de septiembre, dos semanas después de aplicarse la etapa de post confinamiento, la cifra de municipios en alto riesgo subió de 81 a 123 según el Ministerio de Salud. Mientras tanto el Gobierno Municipal de la hollada paceña prevé más de 1000 entierros, por lo cual, está buscando la apertura de un cementerio COVID ante la saturación del Cementerio General.
MÉDICOS EN EMERGENCIA
Representantes de Colegios Médicos del país, en el noticiero de la RED UNO, rechazaron la denominada “fase de post confinamiento” del Gobierno, y señalaron que esta medida es un atentado contra la salud de la población ya que la pandemia no está controlada y las medidas de post confinamiento pueden hacer disparar los casos.
A su vez los médicos del Complejo Hospitalario de Miraflores de la Ciudad de La Paz, en conferencia de prensa, le recordaron al Gobierno que ellos fueron parte de la vanguardia en el derrocamiento de Evo Morales y tras la amenaza de un paro escalonado del sector, denunciaron que no cuentan con las condiciones para enfrentar la pandemia, se les debe recursos desde hace cuatro meses, no cuentan con indumentaria de bioseguridad, debido a las bajas por coronavirus no cuentan con el personal suficiente para la atención de pacientes ni con los equipos necesarios, ya que en cuatro oportunidades el Ministerio de Salud les entregó equipos defectuosos (ventiladores para UTI).
Así, médicos de Cochabamba, Tarija y Pando reclaman el pago de sus salarios de por lo menos hace tres meses. Mientras el sector de enfermería de la Caja Nacional de Salud reclama más personal, nivelación de salarios y pago de horas extras y el personal médico denuncia la falta de indumentaria de bioseguridad, a la vez de declararse en luto junto al sector público por las bajas que ha sufrido el sector salud debido a la pandemia.
Ante este panorama el ejecutivo se ha apresurado en prometer ítems y presupuesto, con tal de evitar más movilizaciones y el paro médico escalonado que anunció el sector público de salud.
“LA GUERRA DEL OXÍGENO”
Durante los bloqueos de agosto, en un inicio, dirigentes promasistas con una política de terror contra el pueblo, negaron el paso a los tanques de abastecimiento de oxígeno a Oruro y La Paz. Con esta política favorecieron al oficialismo, ya que le dieron excusas para lavarse las manos y culpar a los bloqueadores del alto índice de decesos en estas regiones, cuando el principal responsable de la escasez es el gobierno.
Lo cierto es que la falta de oxígeno en el occidente boliviano se vivía desde el mes de julio, tanto clínicas privadas como públicas reclamaban la falta de este elemento en las salas de terapia intensiva. La población que atendía a sus familiares enfermos en casa se sumaba a los reclamos mientras denunciaba costos elevadísimos. Un tanque de oxígeno que en una situación normal tenía un costo de 2000 a 3000 bs llegó a costar entre 8000 y 11000 bs. costos totalmente inaccesibles.
Cabe recalcar que para la atención de pacientes con COVID en hospitales y más aún en domicilios no solo hacen falta tanques de oxígeno, sino, médicos, enfermeras, medicinas y alimentación, ninguno de estos aspectos mínimos fue garantizado por el gobierno, ni antes ni después de los bloqueos. Sin embargo ahora se escuda en los bloqueos para responsabilizar de las muertes a dirigentes sindicales, cuando son el ejecutivo y las bancadas los responsables de la precaria atención sanitaria en el país.
DIÓXIDO DE CLORO (CDS)
Ante el ascenso de la pandemia en el país y la falta de atención médica, el uso popular del CDS, entre otros tratamientos caseros han incrementado, esta situación ha provocado que distintas autoridades no hayan tenido más que avalar el uso médico de esta sustancia, incluso el pleno del Senado, mayoritariamente masista, aprobó una ley que permite la producción, comercialización y uso autorizado del CDS para pacientes con coronavirus.
Hay que aclarar que la política del MAS es meramente electorera, en un afán de mostrarse como héroes de la salud, intentan tapar las graves falencias de atención médica que se vive en el territorio y de las cuales son responsables. Aprueban la ley a secas, y casualmente se olvidan de garantizar personal médico y de enfermería, indumentaria y medicinas complementarias que se requieren para el tratamiento con CDS en pacientes con COVID-19, como lo son los anticoagulantes, antibióticos y analgésicos.
Es decir, promueven el concepto de que el CDS por sí solo es la cura para el coronavirus, un total atentado contra la salud del pueblo. Ya que, si bien el dióxido de cloro puede servir como parte del tratamiento contra la pandemia, si no viene acompañado de atención médica, es simplemente un paliativo, que en casos graves sería inútil para intentar salvar la vida de los trabajadores.
Y es que el coronavirus NO ES UNA GRIPE, requiere de seguimiento médico especializado, medición de presión, saturación de oxígeno, temperatura, en casos graves inyectables intramusculares, endovenosos y en casos muy delicados incluso la aplicación de suero y oxígeno, este tipo de atención requiere de personal médico especializado.
Lo que quiere decir que no basta con autorizar el uso casero del CDS, que además sin la ley ya estaba siendo usado por la población, se requiere de todo un sistema de salud que realice el tratamiento a los pacientes. Como mínimo se requiere la distribución gratuita del Dióxido de cloro junto a los medicamentos establecidos, un tanque de oxígeno por paciente y personal médico y de enfermería a domicilio que garanticen la atención sanitaria del pueblo ante la saturación de los hospitales.
LA SALIDA A LA CRISIS
El sistema de salud en Bolivia viene saturado por lo menos desde hace 40 años, antes de la pandemia pacientes de cáncer, diabetes, entre otros hacían movilizaciones en reclamo de la carencia médica, así los mandiles blancos vienen de cientos de movilizaciones exigiendo mayor presupuesto para la salud dada la espantosa situación que vive la salud pública.
La pandemia ha agudizado la situación, la saturación de los hospitales y la falta de personal ha llegado han propiciado la suspensión de tratamientos como las hemodiálisis y quimioterapias.
Los enfermos con COVID-19 y sus familias se cansan de pasar por los centros médicos y suplicar atención, nadie los auxilia, ni por emergencias, bajo el argumento de estar colapsados. Tan es así que a inicios de septiembre dos madres en gestación perdieron a sus bebes en el vientre, dado que los centros COVID estaban saturados. La falta de recursos ha generado las bajas del personal de salud y los médicos alertan de que de nada sirve que se habiliten camas en los hospitales si no hay personal que atienda a los pacientes.
Esto ocurre porque el Gobierno de Morales priorizó las ganancias de la burguesía, antes que las salud de los trabajadores, esa misma política es la que aplica el débil gobierno de Áñez, por eso se preocupó de inyectar recursos a la banca, incluso recursos de las AFPS, con tal de sostener a la burguesía y oligarquía. El propio ministro de Economía, que es parte de la CAINCO, declaró que el préstamo con el FMI es para inyectar recursos a la banca.
En este contexto, la Burguesía está aplicando su política de reacción democrática, nos quiere llevar a elecciones intentando sembrar esperanzas en que con las elecciones se resolverá la crisis. Sin embargo, las elecciones no van a resolver la crítica situación de la salud pública, las elecciones solo cambiaran de administrador del Estado para que entre quien entre siga velando por el bien estar de unos cuantos.
Las carencias en la salud pública solo podrán revertirse con un gobierno propio de los trabajadores, por ello es urgente retomar y centralizar la verdadera lucha del pueblo explotado, por salud, trabajo y educación, expresada en el último ampliado orgánico de la COB que logró aglutinar a trabajadores y campesinos. Hay que organizar la verdadera huelga general con el autoabastecimiento al pueblo explotado, para ello es necesaria la inmediata convocatoria a un Congreso de emergencia de la COB, que rompa con la política de llevar a las bases obreras de furgón de cola del MAS al calor de generar nuevas direcciones clasistas y de combate que estén dispuestas a tomar el poder.
Solo así se podrá cumplir con la verdadera nacionalización de los recursos naturales y de los hospitales y centros médicos privados, la expropiación de la banca bajo control obrero y el no pago de la deuda externa para obtener recursos que permitan la salud digna para los trabajadores, junto a todas las reivindicaciones. Este es el momento de cambiar las direcciones de la COB y la CSUTCB y derrotar al Gobierno enclenque de Áñez junto al parlamento masista, por la victoria de la clase obrera, campesina y popular.
14 de septiembre de 2020.
