ELECCIONES, ÁÑEZ, EL MAS Y EL CORONAVIRUS

Juan Jose


La burguesía logró desviar el proceso revolucionario que derrocó a Evo Morales hacia la vía muerta de las elecciones presidenciales a partir del pacto firmado el 25 de noviembre de 2019 entre el gobierno Jeanine Áñez y la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) junto a los sindicatos que la integran, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y las Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE’s). El poder burgués se sostuvo por la tregua que le dieron los sindicatos. El Estado quedó debilitado tras la insurrección de masas y la insubordinación policial. Para reconstruir la institucionalidad burguesa todos los partidos de esa clase se pusieron de acuerdo en realizar elecciones. El gobierno puso el aparato estatal al servicio de recomponer al MAS, partido agente de la burguesía inserto en el movimiento obrero y campesino que quedó maltrecho y dividido tras la revolución de octubre y noviembre; la clase dominante, al no tener otro partido de este tipo con dirigentes dentro de los sindicatos, reconstituyó al MAS como parte de su apoyo rumbo a la trampa electoral, haciendo borrón y cuenta nueva del fraude del año pasado y entregando a favor de su campaña proselitista cerca del 50% del financiamiento estatal designado para los partidos políticos que se presentan a las elecciones.

Con esto, el llamado a las masas a las urnas estaba establecido para el 3 de mayo (acuerdo que se va a romper y que explicaremos más adelante). Áñez decidió presentarse como candidata restándole votos a Carlos Mesa, quien en la elección anterior fue el contrincante electoral más fuerte de Evo Morales. Pero en esta elección ya estaba disminuido por la dispersión del voto en otras opciones de la misma índole, situación que benefició de hecho al MAS y que, gracias a la traición de las direcciones obreras que se negaron a asumir el poder durante la insurrección de octubre y noviembre, mantuvo un espacio electoral con fraseología de izquierda sin competencia en ese terreno. Si bien ese partido tiene actualmente divisiones internas, ninguna de éstas se da por principios, sino por la repartija del poder estatal, permitiendo unificar a sus facciones con criterios arribistas, detrás de la candidatura de Arce Catacora, ex ministro de economía, muy recordado por burlarse del proletariado en su gestión al decir que Bs.100 ($.14 dólares) al mes alcanzaban para que los trabajadores sobrevivan.

Áñez, Mesa y el MAS fueron la punta de lanza para desviar la revolución a las urnas con candidaturas burguesas. Sin embargo, este plan se vio interrumpido por la pandemia del COVID 19 que llegó el 10 de marzo al país. Áñez no podía arriesgar su débil gobierno ante un potencial estallido de la enfermedad, pues era el terreno propicio para un nuevo alzamiento de masas por salud pública, considerando que en Bolivia, a diferencia de otros países, las masas venían de haber derrocado a un gobierno proimperialista unos meses atrás. Y este temor fue más grande debido a que los trabajadores de salud estaban protestando por mayores recursos para los hospitales públicos mucho antes de que el Coronavirus llegue a Bolivia. El gobierno se vio obligado a decretar el 17 de marzo la emergencia sanitaria nacional y, ante el avance del contagio, el 22 del mismo mes declaró la cuarentena total. Por esta situación se suspendieron las elecciones y se encargó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) evaluar otra fecha para su realización.

El MAS se opuso a la medida con una política nefasta, para exigir elecciones inmediatas les dijo a sus seguidores que el COVID 19 no existe, que era un invento del gobierno para eternizarse en el poder. La diputada, Juana Quispe, expresó el 20 de marzo que el coronavirus era una mentira de la derecha. Una línea que además fue agitada en panfletos en las calles. El MAS Llamó así a romper toda cuarentena. Con sus lúmpenes pagados (anterior brazo paramilitar de Evo) comenzó a apedrear ambulancias y amedrentar a trabajadores de la salud. Esta orientación exponía al pueblo a enfrentarse entre sí (contra el personal médico) y a enfermarse en las calles sin ningún reparo. Con el tiempo, su política fue quedando en ridículo. La enfermedad se empezó a propagar y se desataron las primeras muertes. Los diputados y senadores, especialmente del MAS, comenzaron a sesionar con indumentarias de bioseguridad más ostentosas y de mayor calidad que del personal médico. Finalmente hubo acuerdo en posponer las elecciones.

La cuarentena dirigida por Áñez no garantizó el sustento de las familias en casa, así que surgió la justa protesta popular. El diario Los Tiempos del 1 de abril expresaba la situación de esta manera: “Movilizaciones de vecinos y mototaxistas en Riberalta, Guayaramerín y Trinidad, en el departamento de Beni; protestas de comerciantes en la localidad fronteriza de Bermejo, en Tarija; una marcha de comunidades indígenas en Pailón, en Santa Cruz y las interminables protestas en El Alto, muestran que el país vive una compleja y frágil cuarentena que pone a prueba la fortaleza del Estado”.

Tras esta presión, el gobierno se vio obligado a entregar tres bonos en dinero a nivel nacional, dos de Bs. 500 y uno de Bs. 400. Sin embargo, fue insuficiente para cubrir necesidades elementales de las familias con el agravante de que el cobro se realiza lentamente y por turnos.  A su vez, médicos y trabajadores de la salud de todo el país profundizaban sus protestas por la falta de equipamiento, insumos de bioseguridad, test de prueba para diagnóstico, y contratos para el personal médico necesario. Las acciones del Gobierno fueron desastrosas, respondiendo a los pedidos a cuentagotas y en cantidades insuficientes, mientras se producía el colapso de los hospitales de Beni y Santa Cruz.

Tal es la situación que 55 municipios de Santa Cruz a la cabeza de Moises Salces, alcalde de San Ignacio y presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ), se declararon en estado de emergencia por la falta de liquidez al punto de no tener recursos económicos para el pago de salarios a trabajadores de la salud. Ante la falta de atención del Gobierno a la crisis, le dieron un plazo de 72 horas para atender sus demandas de presupuesto o de lo contrario iniciarán medidas de presión entre las que no descartan la huelga de hambre y el bloqueo de caminos. Cabe resaltar que el burgomaestre Salces pertenece a la agrupación ciudadana “Juntos” cuya candidata es la presidenta Áñez. La crisis del coronavirus y la inoperancia del Gobierno ocasionaron fisuras en el interior de su propia organización.

Todo esto está atravesado por el pedido de la CAINCO de flexibilizar la cuarentena de Áñez, quien al verse imposibilitada de responder libremente a esta petición por la presión del sector médico de mantener la cuarentena, promulgó el D.S. N°4229 pasando la responsabilidad a los municipios, para que sean ellos quienes evalúen la situación de sus ciudades para que flexibilicen las medidas, hecho que ha generado conflictos ya que los municipios no cuentan con la capacidad de atender por sí solos la crisis. Al Mismo tiempo el Decreto establece la reactivación del sector agroindustrial, minero y manufacturero.

Esta situación desgasta mucho más al oficialismo. El MAS aprovecha para hacer su campaña electoral. La preocupación central de este partido es establecer lo más pronto posible la fecha de elecciones sin considerar nuevamente la existencia y peligro del COVID 19.

El TSE desarrolló el Proyecto de Ley de Postergación de Elecciones. El presidente del Órgano Electoral, Salvador Romero, dijo que el proyecto “fija un marco de fechas que está pensado en tener la elección en 2020” y “establece que tengamos todas las posibilidades de llevar este proceso en las mejores condiciones técnicas y de salud”. El rango de fechas que propuso fue del 28 de junio al 27 de septiembre. Esta propuesta fue apoyada por el gobierno de Áñez.

Sin embargo, el MAS se opuso y planteó que se realicen en 90 días a partir de mayo. Otra vez su división se vislumbró con ataques entre sus propias diputadas, especialmente entre el grupo de Beatriz Yañiquez y Lidia Patty. Unos a favor de los 90 días y otros de septiembre septiembre. El sector evista que dirige el brazo paramilitar y lumpen de ese partido, amedrentó a los disidentes de sus propias filas y convocó a un cacerolazo para el 30 de abril, fecha de la sesión de la cámara de senadores, aprovechando el hambre del pueblo y la debilidad de Áñez, pero para desviarla al “petardazo” por “elecciones inmediatas». Siendo esta última su preocupación central. Aquel día hubo más cacerolas que petardos, no obstante, en la sesión congresal realizada en el Banco Central se aprobó el plazo de 90 días del MAS. La ley fue promulgada de inmediato por la Presidenta del Senado, Eva Copa. En esa reunión no se discutió ni resolvió nada contra el hambre.

El gobierno de Áñez se opuso a los plazos del MAS y criticó que no se haya aprobado el proyecto del TSE.  “De acuerdo a las proyecciones científicas, los meses de julio y agosto se registrarán los picos más altos de contagios de covid-19 y a partir de ello para fines de agosto y septiembre podrían comenzar el descenso, entonces el MAS ha definido ir a elecciones en el momento de más riesgo para los bolivianos y eso no lo vamos a apoyar” dijo el 1 de mayo en conferencia de prensa el Ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. El oficialismo presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad debido a que la ley no considera la emergencia sanitaria nacional y otro de nulidad por procedimientos supuestamente irregulares en su promulgación.

El gobierno y el MAS se enmarcaron en realizar elecciones este año, pero no tienen acuerdo en la fecha debido a la política de cada uno frente a la pandemia: La preocupación central de Áñez es que el crecimiento de contagios por COVID 19 desate una respuesta social de masas que llegue a desestabilizar el poder burgués al punto de tumbarlo, cuestión que está planteada en una realidad muy próxima con o sin elecciones. Mientras que el MAS se enfoca en recuperar el control del poder ejecutivo a costa de la salud de los trabajadores, dejando en segundo plano la crisis de la pandemia, preponderando las elecciones y considerándose a sí mismo el mejor candidato de la burguesía debido a la división de los otros partidos. Esas son las diferencias entre ellos.

La oligarquía y el imperialismo indican que las políticas de la clase dominante en Bolivia deben tener muy presente la crisis social de la pandemia, más aún si existe un ascenso revolucionario en América Latina. Prueba de ello es el préstamo que hizo el FMI al Estado por 320 millones de dólares para pagar los bonos. En eso también se enmarca el préstamo de la CAF, o los desembolsos de la Unión Europea. Deuda que no resuelve el problema de fondo y que cobrarán a los trabajadores con un ajuste económico nefasto, pero que les sirve temporalmente para dilatar la protesta social.

Esto implica para la burguesía que las elecciones o cualquier otra medida no pueden ser organizadas al margen de la crisis sanitaria. De hecho, esta realidad ya empieza a afectar a los parlamentarios del MAS, como el caso del senador Aguilar, quien dijo que “no está escrito en tablas de Moisés, no está escrita en piedra esta ley (…), si nos presentan un nuevo proyecto de ley de 150 días sin ponerle maliciosamente un rango con informe de la OMS, con informe de OPS y con informes científicos del Ministerio de Salud, por supuesto que la Asamblea lo volverá a considerar”.

A su vez, las elecciones propiamente dichas dependen de la misma estructura legislativa del fraude electoral de 2019 en donde participarán los mismos partidos burgueses (simplemente cambiaron de nombre las alianzas entre ellos) sin dar posibilidad inscribirse a los partidos de clase trabajadora.

Las elecciones lo único que harán será cambiar de verdugo y expondrá a enfermarse al pueblo trabajador sin conseguir sus reivindicaciones.  Los trabajadores necesitan unirse no por ir a las urnas, sino por luchar contra los despidos, el recorte salarial, el saqueo de los fondos de pensiones que se producen en la cuarentena de Áñez; por conseguir alimentos, sueldos dignos para asalariados y subvenciones para trabajadores informales, acordes a una verdadera canasta familiar, por salud pública de calidad. Se requiere de unir las reivindicaciones laborales con las de salud rumbo a la huelga general nacional que consiga una cuarentena proletaria,  popular y digna, en la que las medidas estén bajo control de los trabajadores a través de sus sindicatos y juntas vecinales. Para ello es necesaria la verdadera nacionalización de los recursos naturales, de empresas como la Minera San Cristóbal, de la Banca, el No pago de la deuda externa. Esa es la lucha que se viene.

La Paz, mayo 2020

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