ABAJO LAS MEDIDAS DE AJUSTE QUE APLICAN LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
¡INCREMENTO DEL 300% DE PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR!
En abril de la presente gestión, las universidades públicas de Bolivia resolvieron declararse en estado de emergencia por falta de presupuesto para culminar la gestión académica. Al mismo tiempo, el Secretario del Presidium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) señalaba: “Nos encontramos en iliquidez económica. Si el Gobierno no nos escucha, pese a haber enviado diversas notas, prácticamente la crisis económica nos pondrá en situación insostenible, sin poder cubrir obligaciones con los docentes y por consiguiente, pondrá en duda la continuidad académica”.
En mayo la Comisión Económica Financiera de la UMSA elaboró el “INFORME Deficit-Financiero UMSA”, que establece un déficit de más de 171 millones de bolivianos, producto de un incremento en los gastos corrientes y la tendencia decreciente de las transferencias del TGN. Es decir, producto de la tendencia del Gobierno a reducir paulatinamente el presupuesto para educación superior.
Ante esta situación las autoridades han preferido aplicar medidas de ajuste económico quitando reivindicaciones a la base estudiantil, como la eliminación del curso de verano 2020, la paralización de designación de auxiliares y la paralización de proyectos estudiantiles, antes que salir a las calles a luchar por mayores recursos para educación superior.
Ante la inacción de las autoridades, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 4343, que autoriza a las universidades públicas usar los saldos y los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para el pago de sueldos y salarios, y aprovecha para deslindarse de la obligación de garantizar el funcionamiento de las universidades, señalando en el parágrafo III: “Es responsabilidad de cada Universidad Pública Autónoma, velar por su sostenibilidad financiera.”
Cabe recalcar que el carácter autónomo de la Universidad Boliviana es en relación a su independencia relativa del Gobierno, es decir, independencia para la administración de sus recursos y la elección de sus representantes (rectores, decanos, directores y centros de estudiantes) así como del desenvolvimiento libre de la ciencia. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de garantizar el funcionamiento de las universidades estatales en resguardo del derecho a la educación superior pública.
Con el DS 4343, el Gobierno junto a la bancada del MAS están violando la autonomía universitaria, pues se inmiscuye en el destino de los escasos recursos de la universidad y a la vez establecen que no pondrán ni un solo peso para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio, política que apunta a la privatización de la educación.
Para encarar la reducción de presupuesto las autoridades cargarán el ajuste económico sobre las espaldas de los estudiantes, incrementarán los valores universitarios, matrícula, certificados de notas, exámenes de ingreso, etc. Es decir, las autoridades en complicidad con la trucha dirigencia estudiantil, en lugar de exigir recursos al Gobierno para garantizar la educación pública, asaltarán los bolsillos de los estudiantes a la vez de eliminar reivindicaciones como ya sucedió con los cursos de verano. Ahora pretenden reducir la carga horaria para auxiliaturas y el recorte de paralelos que producirá mayor hacinamiento en aulas. Todos estos aspectos están contemplados en el “INFORME Deficit-Financiero UMSA” de la Comisión Económica Financiera.
Ante tal atropello no podemos quedarnos callados y dejarnos pisar, es urgente que la base estudiantil se organice para encarar la lucha por más presupuesto para educación, hay que tomar el ejemplo de la Universidad Amazónica de Pando y salir a las calles en defensa de la educación pública.
Para ello es necesario exigir a las autoridades y a la dirigencia estudiantil la convocatoria inmediata a una asamblea de emergencia, donde se discuta el déficit económico, se plantee la unidad estudiantil-docente –administrativa en defensa del funcionamiento de la universidad pública, apuntando a encarar una movilización masiva por más recursos para educación, a la vez de conformar una comisión de fiscalización idónea donde las autoridades rindan cuentas de sus actos a la base.
